Mercosur

Documento suscrito por Manuel Rosales ante el Mercosur por la violación de Derechos y Libertades Fundamentales en Venezuela

 

Excelentísimo Señor

Rubén Ramírez Lezcano

Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay

Presidente del Consejo

del Mercado Común del Sur

MERCOSUR

La Asunción, Paraguay

 

Excelentísimo Señor

Carlos Álvarez

Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes

Del Mercado Común del Sur

MERCOSUR

Montevideo, Uruguay

 

 

C.C. Centro MERCOSUR de Promoción del Estado de Derecho y Observatorio Democrático del MERCOSUR

 

Quién suscribe, Manuel Rosales, Gobernador del Estado Zulia de la República Bolivariana de Venezuela, líder del partido político nacional Un Nuevo Tiempo y Excandidato Presidencial de la Unidad Nacional de Oposición en las elecciones Presidenciales de Diciembre 2006, en ejercicio de sus derechos y de los iguales derechos cuyo respeto y tutela reconocen y aseguran a todos los venezolanos la Carta de Bogotá, la Declaración Americana de Derechos Humanos y Convención Americana de Derechos Humanos, y que a los fines de la presente representación se concretan en el derecho a la democracia consagrado por la Carta Democrática Interamericana en su artículo 1, cuyos estándares ha hecho propios la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dirige a Ud. y por su muy digno intermedio tanto a los Estados Partes como a los órganos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), para imponerlos de lo siguiente:

I

 

El Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, que obliga a sus Estados partes y al que adhirió la República Bolivariana de Venezuela con motivo de su incorporación al mencionado mercado común, dispone en su artículo 1° que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados partes”. Y en su artículo 4° ajusta que “en caso de ruptura del orden democrático en un Estado parte…, los demás Estados partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado”.

 

Los Estados miembros del MERCOSUR son partes, a su vez, de Sistema Interamericano, por lo que se encuentran atados a las obligaciones que acerca de la promoción y consolidación de la democracia representativa y sobre la garantía democrática de los derechos humanos que no prescriben tanto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos como en la Convención Americana citada; documentos igualmente vinculantes para Venezuela.

 

Viene de suyo, pues, que la Carta Democrática Interamericana, adoptada por la Asamblea General de la OEA en 2001, es el marco normativo que sirve como interpretación auténtica de las obligaciones democráticas asumidas por los distintos Estados americanos y para la debida aplicación de los instrumentos internacionales del caso.

 

La eventual ruptura del orden democrático a que se contrae el Protocolo de Ushuaia, por consiguiente, no se reduce a la mera hipótesis del golpe de Estado o derrocamiento por la fuerza de un “gobierno democráticamente elegido” en sus Estados partes, sino que apunta, como lo expresaran claramente los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas a propósito de la Cumbre de Québec, en 2001, “a cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado”.

 

A la luz de la Carta Democrática en su relación con el Protocolo de Ushuaia, por consiguiente, ha de entenderse que ha lugar a una ruptura democrática cuando median falencias en los elementos esenciales de la democracia representativa y no solo cuando menguan los componentes fundamentales de su ejercicio.

 

II

 

Así las cosas, se hace constar ante los Estados partes del MERCOSUR que en Venezuela, por acción del Presidente de la República, Teniente Coronel (Ejército) Hugo Chávez Frías, se encuentra afectada de manera grave la separación e independencia de los poderes constituidos, que es elemento esencial de la democracia representativa a tenor del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana.

 

El 31 de enero próximo pasado, la Asamblea Nacional, absolutamente controlada por diputados afectos al Gobierno, sancionó una “Ley que autoriza al Jefe del Estado para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley”; Ley Habilitante que, desbordando los cánones constitucionales y la misma ortodoxia democrática, implica en la práctica, de acuerdo al contenido textual de la mencionada ley cuyo texto se acompaña, una transferencia virtual y plena de las potestades legislativas en beneficio del Poder Ejecutivo.

 

Lo que es más grave, la autorización otorgada al Presidente para que actúe como una suerte de legislador sumo, por un término de diez y ocho meses, no responde a situación extraordinaria alguna o a cierta emergencia económica o social que acuse el país y que de manera alguna lo justifique, sino que, tiene el propósito específico de favorecer la modificación de las instituciones fundamentales del Estado y del Estado de Derecho, de suyo incidentes en los elementos dogmáticos y orgánicos de la constitucionalidad en vigor y ello con el fin de construir lo que se ha dado en llamar Socialismo del Siglo XXI.

 

No solo eso. Al desprendimiento y desplazamiento citados que de sus competencias ha hecho la Asamblea Nacional, ésta, además ha herido de muerte al Tribunal Supremo de Justicia, cabeza del Poder Judicial, agravando su menguada independencia.

 

No se trata, en efecto, del hecho ocurrido a inicios del Gobierno actual, hace ocho años, cuando la Asamblea Nacional Constituyente controlada por los seguidores del mandatario venezolano, al declarar la Emergencia Judicial removió sin fórmula de juicio a los  magistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia y suspendió la estabilidad de todos los jueces de la República, provocando una provisionalidad que aún afecta en su autonomía a la Administración de Justicia.

 

Tampoco es el caso del aumento irregular y posterior de 20 a 32 miembros del Tribunal Supremo de Justicia, ocurrido en 2004 a instancias del Presidente de la República y dispuesto por la Asamblea mediante ley; magistrados éstos quienes, más luego, fueran electos por una mayoría simple de los diputados oficialistas bajo la idea, no oculta, de incorporar jueces comprometidos con la Revolución. Tanto fue así que, el penúltimo Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Omar Mora Díaz, al tomar posesión de su cargo afirmó públicamente que “todo juez que emita juicio en contra de los principios revolucionarios, será destituido y anulada su sentencia”.

 

Acerca de estos particulares ha dado cuenta reiterada, mutatis mutandi, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Informes sobre Venezuela y también la conocida ONG America’s Wacht, cuyo informe cursa en anexo.

 

Con vista a lo anterior no reparamos, así mismo, en otro hecho reciente y grave, como lo fuera la designación por el Presidente Chávez de la actual Presidenta de la Asamblea Nacional, Diputada Cilia Flores, como Presidenta del Consejo Presidencial para la Reforma Constitucional y a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y a su vez Presidenta de la Sala Constitucional de ese Órgano, Magistrada Luisa Estela Morales, como Secretaria Ejecutiva. Lo que es más grave, en el artículo segundo del Decreto Presidencial señala: “El Consejo Presidencial informará permanentemente al Presidente de la República sobre sus avances, los cuales se realizarán de conformidad con los lineamientos del Jefe de Estado en estricta confidencialidad”.

 

Esta vez se trata, peor aún, de la decisión adoptada por la Asamblea Nacional el pasado 23 de marzo cuestionando los fueros del máximo tribunal de la República y censurando sus competencias para el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de los poderes públicos.

 

A raíz de una sentencia dictada por la Sala Constitucional el 27 de febrero de 2007 (Gaceta Oficial Nro. 36.635), que interpreta y restringe en su aplicación una norma jurídica de carácter fiscal, la Asamblea, en abierto desacato a la autoridad de las sentencias judiciales, ordenó la investigación y enjuiciamiento de los siete magistrados de la citada Sala del TSJ.

 

No bastando con tal ruptura de la institucionalidad democrática, el Presidente de la República, en alocución que hizo desde el Teatro de la Academia Militar el pasado 24 de marzo, afirmó sin ambages ni comedimientos que neutralizar decisiones gubernamentales a través de un juez, del Tribunal Supremo de Justicia, es traición al pueblo, traición a la revolución, si se hace a espaldas del líder de la revolución”.

III

 

Señor Presidente del Consejo de MERCOSUR:

 

Ha lugar, en consecuencia, a una ruptura de la democracia en Venezuela, por obra de lo ya expuesto y también por la fractura habida en los otros elementos esenciales que han de conformarla, a tenor de la Carta Democrática Interamericana.

 

(1) El respeto a los derechos y libertades fundamentales ha cedido aceleradamente en el país.

 

El derecho a la vida, de hecho se encuentra suspendido.

 

Según lo muestran las estadísticas oficiales y el seguimiento que de la violencia hace las Naciones Unidas, la cifra anual de 4.560 homicidios ocurridos en 1998, subió a 13.200 en 2005 y, en 2006, se calculan entre 15.000 y 17.000 los homicidios habidos en todo el territorio nacional. Nuestro país, en efecto, es el de mayor violencia hemisférica y Caracas, en lo particular, la segunda ciudad más violenta del Continente.

 

El atentado abierto a los derechos a la libertad personal y a la libre expresión del pensamiento se ha hecho recurrente, agravándose por la existencia de presos políticos y de persecuciones judiciales reiteradas por motivos políticos, que son del dominio y conocimiento públicos nacional e internacional. Deben citarse por emblemáticos y dentro de los muchos que hoy se cuentan, los casos del ex Gobernador del Estado Yaracuy, Eduardo Lapi, quien junto a otros compatriotas condujera la Mesa de Negociaciones y Acuerdos auspiciada por la OEA y el Centro Carter que tuvo a su cargo encontrar una solución pacífica y constitucional a la crisis venezolana entre 2002 y 2004; del General retirado Francisco Usón, ex ministro del Gobierno de Chávez, condenado por su disidencia y a raíz de su explicación pública y técnica en televisión de cómo funcionaba un lanzallamas, en relación a “los soldados quemados en Fuerte Mara”; el caso de los comisarios Simonovis, Forero y Vivas, así como,  los Alcaldes de oposición con jurisdicción dentro del área metropolitana de Caracas, Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky.

 

La pobreza extrema, en otro orden, creció durante el mismo período. La desnutrición avanzó del 15% al 18% entre el período constitucional previo y el actual período constitucional de Gobierno, según la FAO. Y así como durante el último Gobierno democrático (1994-1999), con ingresos muy magros y debido a la crisis de los mercados petroleros, se construyeron 340.000 unidades de vivienda, luego de 8 años de mandato el Presidente Chávez, quien ha contado con ingresos fiscales sin precedentes en la historia, hubo lugar a la construcción de 146.000 unidades de vivienda.

 

 

(2) Sobre el acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado de Derecho basta la ilustración introductoria anterior, en cuanto a la forma y medios dispuestos para la concentración y el monopolio del poder por el Presidente venezolano.

 

(3) Nada hay que agregar acerca de la celebración de elecciones periódicas, libres, justas como elemento esencial de la democracia, que no sea remitir al informe reciente la Unión Europea sobre el sistema electoral venezolano, que va anexo y en el cual consta lo siguiente:

 

“Las leyes que gobiernan los procesos electorales presentan inconsistencias y vacíos… La MOE-UE recomienda, … que se investigue y sancione, de acuerdo a las leyes del país y a las prácticas electorales internacionales, la participación de funcionarios públicos en actos de campaña electoral, … Sería positivo que el CNE mantuviese de forma sistemática planes de gestión de calidad con expertos técnicos externos, tanto para el Registro Electoral Permanente como para el sistema automatizado de voto. Esto aumentaría la confianza en el sistema… La MOE-EU observó que muchos de los problemas del REP identificados por las distintas organizaciones de la sociedad civil tienen su origen en el sistema de registro civil y de cedulación”.

 

Pero en relación a lo último, al problema de la cedulación como base del un sistema electoral transparente, es reveladora la confesión hecha por el Presidente Chávez luego del referendo revocatorio presidencial de 2004:

 

“Si no hubiéramos hecho la cedulación, ¡hay Dios mio! yo creo que hasta el referéndum revocatorio lo hubiéramos perdido… En la nueva estrategia electoral, la cedulación tiene mucha importancia. Hay que continuar con la Misión Identidad”. (Cf. La Nueva Etapa, cit.)

 

(4) El régimen plural de partidos y organizaciones políticas, como elemento sustantivo de la democracia, no encuentra espacio propicio en Venezuela desde cuando se aprobara la Constitución de 1999, que omite el reconocimiento expreso de éstos y prohíbe su financiamiento público; a pesar de que, como lo indica el artículo 5 de la Carta Democrática en cuestión, dicho régimen es “prioritario para la democracia”.

 

No bastando lo dicho, en La Nueva Etapa: El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana, expuesta por el Presidente Chávez en 2004 y cuyo contenido reiterara a inicios de este año, a propósito del llamado encendido de Los Cinco Motores de la Revolución Socialista, se ha dispuesto el establecimiento de un sistema de partido único. Y en cuanto a los opositores, basta recordar el mandato presidencial expreso:

 

“Esto que estoy planteando acá es la continuación de la ofensiva, para impedir que se reorganicen [los opositores], hablando en términos militares, y si se reorganizaran: para atacarlos y hostigarlos sin descanso” (Vid. La Nueva Etapa, cit, Caracas, Palacio de Miraflores, noviembre 2004).

 

IV

 

Dado todo lo anterior no es del caso abundar sobre el coetáneo deterioro extremo de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia en Venezuela.

 

(5) A todo evento, en lo atinente a la transparencia gubernamental debida es de mencionar la reciente disposición del Presidente venezolano de mantener bajo pacto de confidencialidad las discusiones sobre el proyecto de reforma constitucional, que situaría al país en los predios citados del Socialismo del Siglo XXI y que realiza la Comisión presidencial designada al efecto. Nada saben los venezolanos, además, de los proyectos de leyes que en uso de su habilitación y mediante Decreto dictara el Presidente Chávez.

 

(6) La probidad gubernamental, en adición, queda en grave entredicho como componente fundamental de nuestro ejercicio democrático, una vez como se contabilizan los ingresos fiscales dispuestos en demasía por el actual Gobierno, el quantum de su dispendio para la exportación de la revolución hacia América Latina, y al relacionarse tales cantidades sea con el producto per capita (PPP), que cayó desde US$ 5.584 – cifra correspondiente a 1994-1998 – hasta US $ 5.121 durante el período 1999-2005, sea con el escandaloso incremento habido de la deuda pública nacional es de 76 mil millones de dólares, un poco más de tres veces de la que encontró el presidente Chávez.

 

(7) La responsabilidad del gobierno por su gestión pública errática y por violatoria de los elementos esenciales de la democracia como de los componentes fundamentales mencionados, no ha tenido lugar durante los últimos años, por ausencia de autonomía en el órgano de control de cuentas – la Contraloría General de la República – y por su manifiesto compromiso político con el Presidente Chávez y su Revolución. No hay presos por corrupción en Venezuela, salvo cuando se trata de perseguir a los “contrarrevolucionarios”.

 

(8) No ha habido respeto por los derechos sociales, de acuerdo a las cifras sobre la pobreza enunciadas en este documento y por la misma intervención gubernamental y del Estado sobre la vida de los sindicatos de trabajadores, como consta en los informes de la OIT sobre Venezuela.

 

(9) La sujeción de la Fuerza Armada al poder civil, que es crucial para el desempeño democrático, ha sido desvirtuada por expreso mandato constitucional y bajo la excusa de la Seguridad Nacional: léase, de la defensa de la revolución.

 

El Presidente de la República dispuso, bajo su mando directo, la organización en cada empresa, sindicato, unidad educativa, dependencia de la administración pública central o descentralizada, de la llamada reserva o milicia popular, en paralelo a la Fuerza Armada institucional. Es lo que él mismo refiere como “el pueblo en armas” y para hacer buena su consigna: “la Revolución es pacífica pero armada”.

 

(10) La libertad de expresión y de prensa, que es columna vertebral de la democracia en opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido abiertamente conculcada por el Gobierno del Presidente Chávez.

 

No contento con el dictado de una Ley Mordaza o Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, que acota los contenidos informativos, promueve la autocensura, y sobrepone la propaganda ideológica oficial en dichos medios, y tampoco satisfecho con la reforma del Código Penal para la “criminalización” de la disidencia, decidió no renovarle la concesión a   Radio Caracas Televisión por razones políticas hechas públicas por el mismo mandatario, cerrando así el canal privado de mayor antigüedad y tradición en Venezuela, con  53 años de existencia, hecho éste atentatorio de la libertad de pensamiento, expresión e información, así como, de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, cuando éste expresamente señala que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enceres y aparatos usados en la Difusión de Información o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Como si esto fuera poco, el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 07-0731 del 25 de mayo del 2007 confisca los bienes de Radio Caracas Televisión (RCTV), vulnerando una vez más la propiedad privada, la constitución y el Estado de Derecho en nuestro país.

 

(11) Finalmente, dada la violencia e impunidad reinante en el país, la misma falta de pesos y contrapesos necesarios entre los poderes públicos constituidos y demás instituciones del Estado, el ejemplo disolvente que de la disciplina social significa el verbo hiriente, discriminatorio y agresivo del Presidente de la República y del que bien conoce la misma comunidad internacional, viene de suyo la anomia que caracteriza a la vida venezolana y el incremento de la indiferencia frente a ese otro componente fundamental del ejercicio de la democracia: “el respeto a la Propiedad Privada y el Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad”.

 

V

 

En consecuencia, a fin de que el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) haga cierto su compromiso de fidelidad a la democracia y para que cada uno de sus Estados Partes observen igual fidelidad a los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana en su relación con el Protocolo de Ushuaia, en ejercicio del derecho a la democracia, que es derecho de los pueblos según la norma introductoria de la Carta Democrática Interamericana, el infrascrito Gobernador del Estado Zulia y líder del partido político nacional Un Nuevo Tiempo y Excandidato Presidencial de la Unidad Nacional de Oposición, solicita respetuosamente de Uds. la realización de las consultas necesarias y, de ser el caso, la adopción de las medidas pertinentes para que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ajuste su conducta a los estándares de la democracia en tanto que Estado Parte del MERCOSUR.

 

En Montevideo, a los 20 días del mes de junio del dos mil siete.

 

 

MANUEL ROSALES

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