RELACIÓN DEL PROCESO PENAL Y PERSECUCIÓN A MANUEL ROSALES

Escrito por: Dra. Magaly Vásquez

 

RELACIÓN DEL PROCESO PENAL Y PERSECUCIÓN A MANUEL ROSALES

 

 

Comicios Regionales octubre 2004

Inicio de la Persecución

 

El proceso seguido a MANUEL ANTONIO ROSALES GUERRERO se inició por auto de fecha 13 de septiembre de 2004, dictado por la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con motivo de Oficio de la Fiscalía General de la República Nº DS-4-1-19153-58949, de fecha 31 de agosto de 2004, relacionado con la denuncia interpuesta por el dirigente oficialista JOSÉ LUIS PIRELA. Destaca la “oportunidad” de la interposición de la denuncia, dado que casualmente en el mes de octubre de ese año 2004 se celebrarían las elecciones regionales para Gobernadores y Alcaldes y el ciudadano MANUEL ROSALES estaba aspirando a la reelección para el cargo de Gobernador del estado Zulia y ante lo inminente de su triunfo sobre el candidato oficialista, se generó una campaña de descrédito y descalificación en su perjuicio, lo que evidencia el tinte y matiz meramente político electorero de la denuncia y por tanto su falta de seriedad y veracidad.

 

Ministerio Público Decreta Archivo Fiscal

18 de enero de 2006

 

La referida Fiscalía Vigésima Quinta conjuntamente con la Fiscalía Octava del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, procedió a practicar todas las diligencias conducentes tendientes a investigar y hacer constar la comisión de los hechos punibles denunciados, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores y partícipes, luego de lo cual, por auto de fecha 18 de enero de 2006, después de, cerca de dos (2) años de innumerables y exhaustivas actuaciones fiscales, tales como la recepción de declaraciones de testigos y práctica de experticias contables, entre otras, procedió a decretar el ARCHIVO FISCAL de las actuaciones, por considerar que: “…no ha sido posible determinar ilícitos penales, que comprometan la responsabilidad de los ciudadanos investigados y por consiguiente instaurar una Acusación Penal en contra de ellos; inclusive, solicitar ante la Instancia Superior Correspondiente, un proceso de Antejuicio de Mérito, en contra del ciudadano MANUEL ROSALES GUERRERO, Gobernador del Estado Zulia…”.

 

Transcurridos varios meses de intensas y constantes presiones ejercidas sobre el Ministerio Público, la Fiscalía Superior del estado Zulia produjo dictamen violatorio de la ley en el cual emite opinión desfavorable del archivo fiscal decretado por la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la misma Circunscripción Judicial, con la clara intención de darle continuidad al plan concebido, desde las altas esferas del Estado, para dañar personal y políticamente a MANUEL ROSALES GUERRERO.

 

Nueva Consulta Popular

Reforma Constitucional 2007

 

En fecha 20 de agosto de 2007, la Fiscalía Quincuagésima Quinta del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, dictó orden de inicio de la investigación, en virtud de la Comisión Nº DS-12-I-26023, por la presunta comisión de uno de los delitos establecidos en la Ley Contra la Corrupción, todo esto, justo cuando en el mes de agosto de ese año, el Presidente de la República había anunciado en el seno de la Asamblea Nacional su propuesta de Reforma Constitucional, dando así comienzo a una dura e intensa campaña nacional donde se debatió la conveniencia o no de dicha propuesta a los intereses de la democracia venezolana, siendo la campaña de la oposición liderada por MANUEL ANTONIO ROSALES GUERRERO, quien objetó férreamente dicha propuesta presidencial en defensa de los valores y principios democráticos del país.

 

Comicios Regionales noviembre 2008

Misión “ROSALES VAS PRESO”

 

Con fecha 31 de octubre de 2008 y con oficio Nº DS-6-19153-62480, la Vice-Fiscal de la Fiscalía General de la República, remite, por la presunta comisión de enriquecimiento ilícito, el expediente de verificación de la declaración jurada de patrimonio de MANUEL ROSALES GUERRERO, hecho por la Contraloría General de la República a la Fiscalía Undécima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, siendo esta la misma investigación iniciada por la Fiscalía Vigésima Quinta y que conjuntamente con la Fiscalía Octava del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, quienes practicaron todas las diligencias e investigaciones, no encontrándose indicios ni irregularidades en las exhaustivas actuaciones fiscales, lo que concluyó en el decreto de archivo fiscal de la causa seguida a MANUEL ROSALES GUERRERO, todo ello casualmente después que el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en víspera al proceso eleccionario de noviembre de ese mismo año, donde se elegirían Gobernadores y Alcaldes, anuncia en diferentes actos públicos en campaña electoral con los candidatos apoyados por él, la “MISION ROSALES VAS PRESO”, en medio de amenazas y ofensas en contra de MANUEL ROSALES GUERRERO, por cuanto todas las encuestas daban por descontado su triunfo para la Alcaldía del Municipio Maracaibo con más del 60 % de preferencia en el electorado, y el triunfo contundente del candidato que él apoyaba a la Gobernación del Estado Zulia.

 

Es importante resaltar que al ciudadano MANUEL ROSALES GUERRERO no se le acusa en la investigación que se le sigue de ningún tipo de delito de corrupción, malversación ni peculado de fondos durante sus gestiones como gobernador y alcalde. Todo corresponde a un expediente basado en denuncias y pruebas falsas.

 

Para que se pueda verificar la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) que durante el ejercicio del cargo ejercido por el funcionario éste haya obtenido un incremento patrimonial; b) que ese incremento patrimonial sea desproporcionado en relación con sus ingresos y c) que habiendo sido requerido para ello, omita justificar tal incremento.

 

Lo anterior implica que a los efectos de la proposición de una acusación por enriquecimiento Ilícito debe el Ministerio Público disponer de elementos que constituyan un “fundamento serio” de que el funcionario ha obtenido un incremento patrimonial durante el ejercicio de su cargo, que tal incremento sea además desproporcionado y que no obstante haber sido requerido para ello, el funcionario no hubiere justificado su enriquecimiento.

 

En el presente caso consta que con ocasión del procedimiento administrativo seguido a MANUEL ROSALES, éste promovió varios medios probatorios, tales como testimoniales, libros contables, declaraciones del impuesto sobre la renta al SENIAT, elementos todos éstos en sustento de sus alegatos de defensa, y como medio de desvirtuar las falaces conclusiones que se derivan del Informe Preliminar de Auditoria Patrimonial, tales elementos no fueron considerados por la Contraloría, concluyendo en la presunción de un incremento patrimonial desproporcionado, el cual asciende a la cantidad para esa fecha de Bsf. 147.390, cabe destacar que estos ingresos son parte de los obtenidos durante esos tres años producto de su actividad privada en el sector agropecuario, como lo demuestra los documentos y pruebas consignadas, entre ellas, los aranceles pagados al máximo organismo tributario del Estado, Servicio Nacional de Administración Tributaria y Aduanera (SENIAT).

 

Dado que la Contraloría General de la República no permitió a MANUEL ROSALES GUERRERO demostrar la inexistencia del incremento patrimonial alegado y, menos aún, la supuesta desproporción -lo cual dio lugar a la interposición del respectivo recurso judicial por parte del afectado por la actuación del órgano contralor- debía el Ministerio Público dirigir su investigación a determinar si ese incremento efectivamente se había verificado y que el mismo además, se hubiere materializado durante su primera gestión como Gobernador del Estado Zulia, específicamente entre el 01/01/2002 y el 31/12/2004, para ello necesariamente debió considerar la evolución patrimonial del ciudadano MANUEL ROSALES, la cual consta en toda la documentación consignada por ante la Contraloría y de la cual se evidencia que no se cumplen los extremos exigidos por el delito invocado en la acusación, pues la actividad agropecuaria desarrollada por MANUEL ROSALES GUERRERO data del año 1975, cuando se inició en la compra y venta de ganado en el Municipio Colón del Estado Zulia, donde tenía establecido su domicilio

 

Asimismo, la referida Vice-Fiscal, remite copia de la denuncia de fecha 27 de octubre de 2008, consignada por el ciudadano GIAN CARLO DI MARTINO, candidato del chavismo a la gobernación del estado Zulia, quien acompañado de otros dirigentes y parlamentarios del oficialismo entre ellos: MARIO ISEA, quien fue aspirante a la alcaldía de Maracaibo y derrotado por Manuel Rosales, contando ellos con el apoyo de todos los medios de comunicación del Gobierno Nacional, desatan una cadena de denuncias falsas e infundadas en contra de MANUEL ROSALES, preparando de esa manera el terreno para la persecución penal. Dicha denuncia fue agregada a la CUARTA PIEZA, del expediente contentivo de la investigación que llevara a efecto la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia

 

Rosales gana las elecciones noviembre 2008

Una Nueva Victoria

 

El día 11 de diciembre de 2008, después de haber ganado la alcaldía de Maracaibo, la Fiscalía Undécima del Ministerio Público a Nivel Nacional, conjuntamente con la Fiscalía Quinta del Ministerio Público a Nivel Nacional y Competencia Plena, siguiendo la orden de la MISIÓN “MANUEL ROSALES VAS PRESO”, procedieron a realizar un supuesto “acto de imputación” en contra de MANUEL ROSALES GUERRERO, atribuyéndole la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, tomando como fundamento el Informe Definitivo de Auditoría Patrimonial practicado por la Contraloría General de la República, iniciado por auto de proceder de fecha 07 de abril de 2004, investigación realizada ese mismo año que duró hasta el 2006, fecha en la que se decreta su archivo por no encontrarse indicios ni pruebas que la sustente.

En fecha 19 de marzo de 2009 la Fiscal Undécima del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia de Salvaguarda del Patrimonio Público, presentó acusación en contra de ciudadano MANUEL ANTONIO ROSALES GUERRERO. Asimismo, solicitó en el escrito acusatorio que se dictara la medida privativa de libertad en contra del referido ciudadano. Sorpresivamente, los únicos testigos promovidos por la Fiscalía son los ciudadanos MARIO ISEA, JOSÉ LUIS PIRELA Y GIAN CARLO DI MARTINO.

Radicación del juicio

Violación del debido proceso

 

El 20 de marzo de 2009, solicitó ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la radicación de la causa seguida al alcalde de Maracaibo, ciudadano MANUEL ANTONIO ROSALES GUERRERO, “a fin de evitar que se altere este proceso judicial en el estado Zulia”. En esa misma fecha se le dio entrada a la solicitud de radicación del juicio y fue designado Ponente el Magistrado Doctor ELADIO RAMÓN APONTE APONTE, unos de los instrumentos sumisos a las ordenes del oficialismo y del Gobierno Nacional.

 

El siguiente día hábil (23 de marzo de 2009) y antes de que la Sala de Casación Penal publicara la decisión, esa instancia judicial requirió a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia la remisión del expediente contentivo de la causa seguida al ciudadano MANUEL ROSALES, causa que fue remitida a Caracas el mismo día y en una sorpresiva distribución realizada en horas de la noche con carácter urgente aun cuando no se trataba de un expediente con detenidos, se remitió al Tribunal Décimo Noveno en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas.

 

Es de destacar que el referido Tribunal 19º no dio Despacho durante los días 25, 26, 27, 29 y 30 de marzo de 2009, por lo que durante ese período no le fue posible a la defensa tener acceso a las actuaciones recibidas el día 23 y otras que se agregaron en fecha 26 del mismo mes. Sorpresivamente se desata una “cacería” contra el ciudadano MANUEL ROSALES GUERRERO, el 25 de marzo de 2009, mientras se encontraba como invitado en el prestigioso programa de opinión y entrevistas “Aló Ciudadano” del Canal Globovisión, el Presidente Hugo Chávez y el alto gobierno ordenan la aprehensión ilegal del ciudadano MANUEL ROSALES, quien ayudado por amigos y vecinos logra movilizarse del lugar, lo cual desató un impresionante operativo de búsqueda en todo el país por los organismo policiales y de inteligencia del Estado, con la peores intenciones. Por considerar, que no habiendo a la fecha ninguna orden de privación de libertad por parte del órgano competente para dictarla, tribunal que conoce la causa, y al encontrase en riesgo la integridad física del ciudadano MANUEL ROSALES GUERRERO, los sectores democráticos del país y sus abogados le recomendaron resguardarse hasta tanto se aclarara la situación.

 

El día 31 de marzo reinicia las actividades y en esa misma fecha acuerda fijar la celebración de la audiencia preliminar para el lunes 20 de abril.

 

El 7 de abril la defensa solicitó al Tribunal se fijara nueva fecha de celebración de la audiencia preliminar en consideración a que el Tribunal estuvo una semana sin laborar después de recibido el expediente –y durante ese tiempo no se tuvo acceso a las actas- y que, por otra parte, la Fiscal a cargo del caso no remitió al Tribunal TODAS las actuaciones que cursaban ante su Despacho y de las cuales se demostraba plenamente que el Ministerio Público no había permitido el acceso de la defensa a las actuaciones durante la mayor parte de la supuesta “investigación”. La Fiscalía se opuso a tal pedimento y el Tribunal ratificó la fijación de la audiencia para el día 20 de abril.

 

En fecha 16 de abril de 2009, a las 9:10 horas (suponemos que a.m.) el Ministerio Público presentó por ante ese Tribunal escrito contentivo de una solicitud ilegal de medida cautelar, a los fines, según indica el propio Ministerio Público, “de lograr el aseguramiento de las resultas del proceso penal al cual está actualmente sometido” nuestro defendido.

 

En fecha 17 de abril de 2009, se pudo obtener conocimiento, mediante los medios de comunicación social respecto a una noticia difundida conforme a la cual el Ministerio Público informaba, de manera oficial, a través de su página web (http:/www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2009/prensa1704III.htm) que “el Tribunal 19° de Control de Caracas acordó la medida ilegal y violatoria de la ley que dictaminaba el aseguramiento de bienes del alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, la cual fue solicitada el pasado jueves por la fiscal 11° con competencia nacional, Katiuska Plaza Brito”. Esa comunicación de prensa observa que la Máxima representación del Ministerio Público, en su programa radial, “En Sintonía con el Ministerio Público” el cual se transmite en horas de la mañana, había anunciado ese mismo día 17 de abril de 2009, que el indicado Tribunal de Control había acordado las ya referidas medidas de aseguramiento.

 

Lo anterior motivó que la defensa del ciudadano MANUEL ANTONIO ROSALES GUERRERO ocurriera por el antes indicado Tribunal de Control a fin de verificar la veracidad de la noticia difundida por el Ministerio Público. Fue así como se pudo observar que para el día 17 de abril de 2009, hasta las 3:30 p.m. hora en la cual concluye la audiencia, la anunciada decisión no había sido dictada por el Juez de Control y, en consecuencia, la afirmación del Ministerio Público no se ajustaba a lo que hasta ese momento aparecía en las actas cursantes ante el Tribunal.

 

Sin embargo, sorpresivamente aparece en las actas del expediente una decisión fechada 17 de abril de 2009, conforme a la cual ese Tribunal “Declara Con Lugar” la solicitud formulada por la ciudadana KATIUSCA VERIOSKA PLAZA BRITO procediendo en su condición de Fiscal Undécimo del Ministerio Público a Nivel Nacional, en tal sentido procedió ese Juzgado a dictar una serie de medidas de aseguramiento de bienes en contra de MANUEL ROSALES más allá de lo solicitado por la representación fiscal, violando el estado venezolano y las leyes venezolanas.

 

Decisión anticipada del Tribunal

Medida de Privación de Libertad, Cárcel La Planta

 

En fecha 19 de abril de 2009, es decir, un día antes de la fecha fijada por el Tribunal para la realización de la audiencia preliminar en el proceso seguido a MANUEL ROSALES, el ciudadano ISMAEL GARCÍA, Diputado a la Asamblea Nacional, introdujo denuncia ante el Ministerio Público por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la Ley contra la Corrupción, en virtud de haber llegado a su poder texto de la decisión que supuestamente adoptaría ese tribunal en la oportunidad de celebrarse la audiencia preliminar.

 

El texto de la decisión en referencia circuló desde el mismo día 19 de abril a través de diferentes medios impresos y digitales y en la misma, sorpresivamente, se alude a datos que sólo podían ser conocidos por las partes y el Tribunal. Extrañamente –aún cuando sin analizar los argumentos jurídicos doctrinales y jurisprudenciales que sustentaron cada uno de los planteamientos de la defensa- en la supuesta decisión el Tribunal declaraba SIN LUGAR todas las solicitudes y defensas planteadas, en el mismo orden en que fueron formuladas, lo que hace presumir la veracidad del texto. A ello se suma que en esa acta de la audiencia preliminar el tribunal, por presumir que “el ciudadano acusado MANUEL ANTONIO ROSALES GUERRERO, no se va a someter a una medida cautelar sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, siendo por consiguiente inadecuada la imposición de una medida cautelar sustitutiva, tal y como lo solicitó la parte fiscal al final de su escrito acusatorio e igualmente la defensa… se aparta de la solicitud fiscal y de la de (sic) defensa en tal sentido, y en consecuencia DECRETA de conformidad con las previsiones del artículo (sic) 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, la Privación Judicial Preventiva de Libertad del ciudadano MANUEL ANTONIO ROSALES GUERRERO”, siendo el sitio de reclusión previsto “La Planta”, una de las cárceles más peligrosas del país.

 

La circulación anticipada de la decisión que el Tribunal adoptaría condujo a que MANUEL ROSALES GUERRERO no se presentara ante el Tribunal el día fijado para la audiencia preliminar, hecho este que fue utilizado por la Juez de Control para decretar en su perjuicio la anunciada medida de privación de libertad; a pesar de ser Alcalde electo con más del 60% de los votos, en pleno ejercicio de sus funciones y habiéndose presentado en todas las instancias.

 

Acción de Amparo

13 de agosto de 2009

 

Frente a la ilegal medida asegurativa sobre bienes decretada por el Tribunal de Control, la defensa, mediante escrito de fecha 23 de abril de 2009 y conforme a lo establecido en la ley, hizo oposición a las medidas decretadas, obteniendo como respuesta un auto de fecha 27 de abril de 2009 en el cual Tribunal decidió en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, abstenerse de decidir. Esta supuesta “decisión” violatoria de los derechos a la defensa y al debido proceso, conllevó en fecha 13 de agosto a la interposición de una acción de amparo, el cual, corrió el mismo destino que todas las acciones y recursos propuestos, pues el 21 de septiembre de 2009 fue declarado improcedente por la Sala 10ª de la Corte de Apelaciones. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación y actualmente se encuentra pendiente de decisión ante el Tribunal Supremo de Justicia.

 

 

 

Deja un comentario

*

@ManuelRosalesg
Rosales se pronuncia ante la crisis
#25F Municipio Jesús Enrique Lossada
#24F Recorrido Parroquia Chiquinquirá
#DiaDeLaJuventud
#11F En Venancio Pulgar
#4F Gracias San Francisco!!
Rosales: “Me hicieron guerra sucia…”
Entrevista Venevisión: Manuel Rosales #25E
Manuel Rosales “Firme y Claro”
Papeles del Exilio
Cronología de una Persecución Política – Caso Manuel Rosales
“Proceso contra Rosales es fraudulento”
“La orden era apresar a Rosales”
Las declaraciones de Eladio Aponte
@MRporVenezuela
Editorial
Cronología de una persecución política
Gerencia y Buen Gobierno
Rss Feed Tweeter button Facebook button Flickr button Youtube button